lunes, 14 de mayo de 2007

14 de mayo. El naufragio de Sintel.


En la España de Manuel Aznar, la que siempre iba “bien, muy bien” –aunque reconozco que los políticos que están en el poder, sean los que sean, siempre piensan y dicen que su España va bien– sucedieron cosas inauditas, como la huelga de los obreros de Sintel, acampados durante medio año en la Castellana, hasta que el gobierno de derechas buscó un comprador para esta empresa que se hundía. Fueron 187 días de protestas de unos trabajadores que se instalaron en uno de los laterales del Pase de la Castellana y, gracias a la solidaridad de no pocas gentes, fueron improvisando tiendas de campaña, chabolas de madera, y resistiendo al paso del tiempo. Más de un millar aguantaron como una piña, unidos contra viento y marea, pese a que en Madrid no haya playas, sino sólo buques que, de vez en cuando, naufragan y gente que se aferra a lo que pilla para no terminar ahogándose definitivamente.

La organización del “Campamento de la Esperanza” fue ejemplar. Cada comida, de 350 pesetas, estaba financiada por la caja de resistencia y por las donaciones de la gente que no dejó de apoyarles. Durante la noche, los obreros montaban guardia para proteger el campamento, sobre todo en los fines de semana, en los que “se acercan coches con niñatos, paran en el carril-bus, tocan la bocina y nos insultan”. Convencidos de que la violencia no conducía a nada, estos trabajadores optaron por demostrar a qué conducía el diálogo y la protesta tranquila. El Gobierno de derechas, convencido de que no iban a resistir más de una semana, les toleró la rebeldía, pero ellos estaban preparados y dispuestos a aguantar hasta dos años.

El Ayuntamiento de Madrid, presidido por un alcalde del PP, les dio las espaldas. El PSOE e IU pidieron que el municipio les donara quince millones de pesetas. El PP se negó e instó a que “abandonaran el campamento”. Otros Ayuntamientos, como el de Alarcón, dominado igualmente por el PP, les concedió ayudas, pero el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, cuya actitud fue calificada de “bochornosa”, no quiso ceder. El secretario regional de CCOO, Javier López, advirtió que ese Ayuntamiento era “un agujero negro de solidaridad”. Seguro que si la ayuda municipal hubiera sido para animar las fiestas de la Paloma con azúcar y aguardiente, Álvarez del Manzano no se hubiera negado a colaborar. Pero, para él, esto era algo muy distinto.

En agosto del 2001, el Gobierno de Aznar planeó la toma del campamento lejos de los focos informativos, como mejor momento para programar el asalto. En Interior bautizaron la operación como “Amanecer”. Pero alguien filtró la noticia y casi dos mil parados se movilizaron para desactivar aquel ataque. “Aquí –dijeron, decididos– sólo nos sacarán con un acuerdo o con los pies por delante”. Al fin, optaron por ceder, llegando a un pacto cuyas promesas, no el tiempo, ni la empresa ni los gobiernos llegaron a cumplir.

Seis años más tarde, la Fiscalía Anticorrupción pide que declare Juan Villalonga como imputado, ex presidente de Telefónica –en 1996 accedía a la presidencia, abandonándola en verano de 2000–, y Adolfo Jiménez, presidente del Comité de Empresa y de la Asociación de Trabajadores de Sintel, habla de la lucha en solitario de los antiguos trabajadores contra los “delincuentes de cuello blando”, al no haberse personado ningún sindicato como acusación particular en apoyo de estos trabajadores. Pero la Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz siguen adelante, a pesar de “habernos fallado el Gobierno socialista, quien ni siquiera se ha dignado contestarnos a un escrito que mandamos hace tres años. Del acuerdo alcanzado hace ya cinco años sólo se ha cumplido la jubilación de 470 trabajadores mayores de 50 años. Al resto no nos ofrecieron ni un contrato. Sólo se ha logrado trabajo a 250 antiguos empleados. El resto, 850, se han tenido que buscar la vida haciendo de taxistas, jardineros, empleados de gasolineras... El Gobierno tiene la solución pero, hasta ahora, Zapatero, lo mismo que Aznar, nos ha dejado abandonados”.

El 15 de febrero del 2007, Juan Villalonga, amigo personal del ex presidente Aznar, quien le nombrara presidente de Telefónica, era citado por el juez. Desde su salida de esta sociedad, Villalonga ha pasado un dorado exilio en México, Canadá, Estados Unidos y Londres ocupando su puesto de consejero en diversas compañías. Se casó con Adriana Abascal, ex Miss México y viuda del dueño de imperio Televisa, Emilio Azcárraga. Los ex trabajadores de Sintel le acusan de haber llevado la empresa a la quiebra. Villalonga sostiene ante el juez que no sabía nada de la venta de la filial al empresario cubano estadounidense, Jorge Mas Canosa, porque fue una venta hecha mes y medio antes de su llegada a Telefónica. Pero lo cierto es que el líder conservador anti-castrista no pagó un duro a los trabajadores y Juan Villalonga siempre se ha hecho el desentendido.

Adolfo Jiménez asegura que sólo el juez puede arreglar el olvido de Telefónica. Recuerda que los trabajadores sólo han cobrado el 20 por ciento de lo que les corresponde. “Los responsables políticos han incumplido todos los puntos del acuerdo con el gobierno de Aznar, que incluía un plan de prejubilación para los mayores de 50 años y recolocación para al menos 800 empleados menores de esta edad”. Califica la gestión de Villalonga de fraudulenta y delictiva e informa que piensan movilizarse frente a las sedes del PSOE de las ciudades importantes y acudir los fines de semana a los actos electorales para pedir por su sus reivindicaciones a los futuros alcaldes y presidentes.

Dispuesta a llegar a un final feliz para todos, la Administración del Estado inicia ciertos pasos y programa diferentes mesas de trabajo con los trabajadores de Sintel, la primera de las cuales para el próximo jueves, 17 de mayo. El pasado viernes, los representantes de los trabajadores se reunieron en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el secretario general de Empleo, Antonio González, con la finalidad de establecer un calendario de negociaciones de actualización y hacer cumplir el acuerdo alcanzado en agosto del 2001, que debía dar cobertura a los 1.800 trabajadores afectados por la quiebra de la filial de Telefónica.


Todo un ejemplo de perseverancia y resistencia de unos trabajadores que no se amilanan por nada, ni siquiera con el tiempo y el olvido, el arma preferida por los amos. Sobre todo ahora, cuando las circunstancias electorales aprietan a los partidos. Lástima que no haya elecciones cada dos años. Incluso cada año. Seguro que los problemas no se alargarían como éste.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Pues nada, a dia de hoy (05/01/09) las cosas siguen peor, que no igual, y la gente que durante 25 años contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones en España, y pagó impuestos directos e indirectos como el que más, si, si; como el que más, pues el sistema democrático y las politicas sociales que algunos que estan en el "machito" no dejan de proclamar, nos olvidan. ¡¡Mierda para todos ellos!! y más mierda...
Y más mierda.