F. J. Aguilar Viyuela, en “ignorado paradero”.

Cristina Cifuentes y Francisco Javier Aguilar Viyuela.


En 2009, cuando Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Aguilar Viyuela fue nombrado director general del Patrimonio Cultural. Era dirigente del PP y dirigía por esas fechas su propio estudio de arquitectura hasta que dejó de pagar los salarios a los empleados. Fue cuando, José Ángel Martínez Bueno, su aparejador desde hacía tres años, le reclamó la extinción de contrato por incumplimiento de pago de salario. Le adeudaba 15.000 euros más una indemnización que se acordó de 45 días trabajados por año y servicio que ascendía a 29.000 euros.

Para aquellos que ignoran sus circunstancias personales, cabe recordar que Aguilar Viyuela es nada menos que el marido de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar Viyuela se presentó sólo a dos de los tres juicios que hubo. Luego, la juez que instruye el caso, Margarita Martínez González, lo dio en “ignorado paradero” y se publicaron todas las notificaciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ante el incumplimiento de pago del marido de Cifuentes a pesar de la sentencia, la Justicia acordó el embargo del crédito que ostentaba Viyuela por parte de la empresa “Dimora Gestión, Sociedad Anónima Unipersonal”. Esta constructora pertenece a la familia Nozaleda, dueña a su vez de la constructora Nozar que se declaró en suspensión de pagos en 2009, y que, un año antes fue investigada por Hacienda por un desfase contable de más de 40 millones de euros. La empresa “Dimora Gestión S.A.U” fue adjudicataria de concursos públicos por parte de la Comunidad de Madrid como por ejemplo las nueve parcelas de Buenavista en Getafe por un importe superior a 7 millones de euros.

Viyuela, además, tenía cargo en al menos cuatro empresas relacionadas con proyectos urbanísticos, arquitectura e ingeniería. Entre ellas, era apoderado de ‘Licencias y Certificaciones de Madrid SL’, una Entidad Colaboradora en la gestión de Licencias Urbanísticas (ECLU), acreditada y autorizada por el Ayuntamiento madrileño. Sin embargo, y a pesar de sus variados negocios, parece que se negó a saldar cuentas con la Justicia y su acreedor.

Por lo visto, Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en la comunidad de Madrid, la misma que se pavoneaba de tener una lista de un millar de personas que se manifestaron en Madrid por los recortes, no puede colaborar en dar con el paradero de Aguilar Viyuela. ¿Será que su trabajo le resta tiempo para encontrar a sospechosos como a su propio marido?