Un Congreso rodeado de manifestantes.

 1.350 agentes de policía mantienen rodeado el Congreso de los Diputados.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en una intervención reciente en el programa “El Círculo”, de Telemadrid, definía el movimiento internauta 'Ocupa el Congreso', como “un golpe de Estado encubierto y un acto delictivo” promovido por “grupos muy radicales, tanto de derechas como de izquierdas. Los organizadores buscan la foto de ciudadanos saltando las vallas, una imagen que perjudica mucho la imagen de España porque sugiere una desestabilización política”. Y aseguraba que tenía localizado un grupo “entre 800 y mil y pico que son los que provocan los incidentes”. La existencia de esta “lista negra” despertó la ira de los internautas que mostraron su indignación ante tal confesión.

Aunque los promotores del 25-S insistieron en su carácter “pacífico”, el Ministerio del Interior ha blindado la Cámara por parte de 1.350 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los “antidisturbios” protegen la Cámara alta, como si estuviera a punto de ser asaltada por un grupo armado. Y la delegada ha permitido desplegar a 27 grupos de UIP, compuestos por 50 efectivos cada uno, procedentes de Madrid y de otros puntos de España. El dispositivo comenzó en la noche del lunes, estableciéndose varios perímetros de seguridad que rodean el edificio del Congreso de los Diputados por las calles adyacentes. No en vano, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, descalifica el movimiento 25-S y se remite al golpe de Estado del 23-F, de 1981. La última vez que se recuerda una iniciativa como esta, dice Cospedal, “fue con ocasión del golpe de Estado y lo que se pretendía era tapar la boca a todos los españoles”. Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, dice que Cospedal “se equivoca” con la comparación, ya que el 23-F “entraron militares con pistolas”.

Sin embargo, en una rueda de prensa, los convocantes de la coordinadora “25-S” y la plataforma “¡En Pie!” insisten en su apuesta por la desobediencia civil pacífica: “No hay ninguna intención de 'ocupar el Congreso', sino de rodearlo simbólicamente y denunciar los problemas reales de la gente”. Los convocantes no pretenden impedir el tránsito de los diputados ni la interrupción del funcionamiento interno del Congreso. Aseguran que su objetivo es “abrir un debate” en la sociedad sobre la necesidad de avanzar hacia una segunda Transición porque, la actual Constitución ya ha “agotado su ciclo”. Y señalan: “Nos han demostrado que [la Carta Magna] se puede cambiar en un día, que no es intocable y queremos más. Ante esta situación, exigimos la destitución del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente”. Los promotores saben que la presión policial es fuerte e insisten en evitar la “confrontación” y apostar por la “resistencia pacífica”.

Semanas después de hacer sus declaraciones, Cifuentes asegura que garantiza el “derecho de reunión” de las personas que asistan a las movilizaciones organizadas por la coordinadora “25-S” y la plataforma “¡En Pie!”, que incluye una protesta en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Pero exige que deben celebrarse en zonas peatonales, y que, si la afluencia “se desborda”, la policía cortará el tráfico. Los convocantes mantienen su plan de, a partir de las 18 horas, avanzar hasta el Congreso para llegar al perímetro al que sea posible acercarse. En cualquier caso, aseguran que, con esta autorización, “quedan claras una vez más las intenciones de la Delegada del Gobierno de Madrid” a cuya responsable acusan de querer “ejercer presión disuatoria e infundir miedo”, algo que consideran “intolerable” en un estado de derecho. “No es un problema de orden público –aseguran–, sino político, y avergüenza ver cómo la Delegación utiliza recursos públicos para jugar sus estrategias políticas. Incapaz de apreciar el coraje ciudadano que nos hace ser sujetos políticos y no esclavos paralizados por el miedo, se empeñan en seguir dando razones para salir el 25-S”.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, acusa al Gobierno de tratar de criminalizar la iniciativa “Rodea el Congreso” mientras se celebra pleno en la Cámara. Bosch se refiere a la reciente imputación por parte de la Audiencia Nacional de ocho miembros de esta plataforma por un delito contra las instituciones del Estado. Para el portavoz de JpD, resulta “insólito” que se haya imputado a estas personas por hechos que todavía no se han producido y ha subrayado que el delito contra las altas instituciones del Estado requiere de la alteración del funcionamiento de las Cortes mientras estén reunidas, algo que, según los convocantes, tampoco está entre sus objetivos. “Se pretende criminalizar un acto de protesta y generar miedo, una actitud que incluso puede propiciar con torpeza hechos de violencia”. Con esta actitud, según Bosch, la Delegación del Gobierno en Madrid trata de “limitar” derechos fundamentales, como el de expresión y manifestación pacífica.