domingo, 31 de marzo de 2013

Cuando las protestas llegan hasta la puerta de los políticos.


 
El “escrache” es una manera de protestar ante la condena de los que no pagan la hipoteca de sus casas porque no tienen trabajo ni dinero para hacerlo. El término fue utilizado, en 1995, en Argentina, en donde fue una forma de protesta en la que los manifestantes se desplazaban hasta el domicilio del responsable de su descontento.  El “escrache” se popularizó gracias a los hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos políticos de la dictadura, como estrategia de presión popular contra los indultos de Menem a los procesados por delitos de lesa humanidad cometidos con Videla. En nuestro país, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lo aplica como protesta pacífica y ciudadana contra los diputados que no apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la organización defensora de DDHH, con un apoyo de un millón y medio de firmas, superior al mínimo exigido que es de medio millón. Se trata de una protesta realizada frente al domicilio de un político de un partido como el PP, que rechazó cambiar el modo abusivo de tratar a los desahuciados y no quiso apoyar la dación en pago. “Escarchar” ha sido la reacción del español en un país que vive la peor crisis desde la restauración de la democracia, con 46.408 hipotecas durante el año pasado, según datos del Poder Judicial. Y afecta a centenares de miles de personas. En este contexto, se llegó a la conclusión de que las movilizaciones tradicionales no surtían efecto. Y se aplicó el término en los habituales casos “Es difícil apoyarlo sin reservas –señala Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología Social de la Complutense–, porque los diputados ni se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Personalmente, tengo reticencias de que sea la mejor opción”. La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites precisos. “Es legítimo si es pacífico, se produce en la vía pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”. Entre los principales detractores de esta iniciativa pacífica está el diario ABC, que, en el 2011, opinó que la protesta en la calle estaba “fuera de la ley” y considera que las concentraciones promovidas por la PAH, frente a domicilios de diputados del PP, son un “acoso salvaje”. Esteban González Pons, uno de los objetivos de la reivindicación de la PAH, considera inaceptable que sus miembros se metan “en el portal de mi casa, lleguen hasta la puerta y la aporreen con insultos cuando dentro sólo hay niños”.
 

Primer “escrache”, frente al hotel Ritz, en Madrid.
 
El primer “escrache” en España se produce por vez primera el 11 de marzo, frente al hotel Ritz, cuando la cúpula del PP se encuentra reunida en el mismo, en un acto que tiene por objetivo señalar a los diputados o políticos que han rechazado la ILP o no se han pronunciado sobre la misma. Si los diputados no quieren ir a las asambleas de la PAH a las que  son invitados, éstas van a ellos. En Barcelona, los concentrados se dirigen a una finca de la calle de Balmes, donde vive la diputada del PP, Maria Ángeles Esteller. Tienen la intención de empapelar la portería con octavillas que llevan la fotografía de la diputada y un texto en el que se le invita a participar en las asambleas de la PAH para conocer el problema de sobrendeudamiento que viven miles de familias. Están convencidos de que si los diputados conocieran el problema, apoyarían la ILP. Pero la lluvia desluce la protesta y optan por explicar sus casos, megáfono en mano. “Vean lo que están haciendo al rechazan la ILP –explican en el reverso de postales con la cara de la diputada aludida–: nos están dando con la mano abierta. Que nadie de nosotros se compró una vivienda para vivir por encima de sus posibilidades”. Una mujer confiesa: “Yo también he pensado en el suicidio, pero todos estos compañeros me han hecho ver que hay que luchar. Ahora no me sacarán de mi casa ni los Geos, antes que dar el piso al banco le pego fuego”. Otra grita: “Si nosotros no podemos conciliar el sueño, que tampoco ellos duerman”.


Activistas de la PAH pegan carteles en la puerta de la casa de Pons.
 
Otros “escraches” registrados en estos días aluden al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons y a otros. Pons no se encuentra en su casa en el momento en que llegan los miembros del PAH. Pero su familia sí está. Desde Madrid, este abogado y político valenciano informa, al enterarse de los hechos: “Entraron en el portal de mi casa, subieron hasta mi domicilio, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”. Pons, que interpuso una denuncia al considerar que se trataba de ataques a “representantes de la soberanía popular”, asegura a la prensa: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es algo muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifiesta de forma similar, tras el Consejo de Ministros: “Algunas actuaciones invaden los derechos de otros. Pido respeto a los políticos, especialmente a sus familias, que sufren esta clase de manifestaciones frente a sus casas”.

 
Jesús María Osés (d), junto a Germán Payo Losa (i)

“Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trata de una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al timbre de su casa. La jurista Magda Oranich considera que es “lícita, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver. Para José Juan Toharia, el catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, “el ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables –los expertos financieros– no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”. La calificación como “violencia” del “escrache” genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora, la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado y lo ha hecho público”.


Docenas de miembros de PAH ocupan una sucursal del B. Popular, en Barcelona.

 
Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan algún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”. Doscientos activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el Paseo de Gracia, de Barcelona. “La legalidad es un concepto construido –explica el psicólogo, Jaume Funes–. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los “escarches” no sirve invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que ven injusto”. Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasaron desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero esta gente no es la primera en quebrantar las cosas”. Los críticos con estas acciones sostienen, sin embargo, que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remite una carta a los diputados de su grupo en la que señala que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto” y les indica que, ante “cualquier amenaza”, se mantengan en la calma e informen a la dirección del partido, que tomará las “medidas legales oportunas”. Elena Valenciano,  número dos socialista, muestra su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal – señala–. Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.

 
Esteban González Pons.

El pasado lunes, ante la casa de Belén Juste, diputada del PP en el Congreso, se ejecutaba un “escrache”. Según informa la PAH, la Policía Nacional identificó a unas 60 personas que participaban en la acción, relataron sus casos particulares y colgaron carteles con botones verdes y rojos alusivos a las votaciones en el Congreso sobre una posible modificación de la ley hipotecaria. El miércoles, Ana Blanco, una de las portavoces de la PAH Valencia, explicaba que, pasadas las 11.00, tres furgonetas de la Policía Nacional cortaron la calle en la que estaba situada la vivienda de González Pons. Su intención era “acercarse” al diputado para explicarle en primera persona, de manera “pacífica y ordenada”, los daños que estaba ocasionando a “miles” de familias, con su “rechazo” a los cambios propuestos por la ILP sobre los desahucios. Blanco explicó que algunos miembros de la PAH accedieron al portal en donde “no había nadie” y dejaron unas cartas dirigidas a González Pons. Éste advertía, desde Madrid, que la protesta frente su casa no era la forma de convencerle “para que vote en un sentido o en otro” una modificación de la ley hipotecaria. El diputado  explicaba que había conocido lo ocurrido en Valencia a través de lo que sus hijos le habían contado. “Han entrado dentro del portal, han subido hasta la casa y han estado aporreando la puerta durante 45 minutos. No hago comentarios sobre los carteles, entrar en casas de los vecinos, cortar el tráfico o molestar a todo el mundo por la calle. Yo sólo quiero que sepan que dentro de la casa había niños y que han estado aporreando la puerta. Supongo que, a partir de ahí, no les parecerá igual de bien que la puerta de mi domicilio siga saliendo constantemente en televisión”. El parlamentario del PP denunció esta acción como una ‘coacción’. “En el País Vasco –añadió–  se han vivido coacciones similares durante mucho tiempo. Que alguien pueda justificar que se metan en el portal de mi casa, lleguen hasta la puerta y la aporreen con insultos, cuando dentro sólo hay niños, me parece inaceptable”.

ABC criminalizaba el viernes, 22 de marzo, la protesta pacífica.

La prensa conservadora advierte que la PAH ya ha dejado de ser ese grupo de personas con camisetas y señales de STOP que se encerraba en las sucursales bancarias para evitar un desahucio, negociar una dación en pago o lograr un alquiler social para familias desahuciadas por impago. Y dice que, ahora, aunque sigan ocupando bancos u oficinas municipales de vivienda, sus reivindicaciones están llegando a las líneas rojas marcadas. “La frontera del espacio privado, la familia –encabezaba en un artículo el diario ABC del viernes, 22 de los corrientes–. Varios han sido los ‘escarches’ que los grupos antidesahucios han llevado a cabo en diferentes ciudades. Comenzaron en un lugar tan cercano a la ciudadanía como el Hotel Ritz, donde la cúpula del PP celebraba una reunión. Después, en Barcelona, la diputada popular Ángeles Esteller también fue informada de la situación. Le siguieron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y Jorge Moragas, jefe del gabinete del presidente del Gobierno, hasta que el último ‘escrache’ recayó en Esteban González Pons. Los activistas también se acercaron el viernes a la casa del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. Del mismo modo, se plantaron ante un edificio en el que se alojaban múltiples diputados del PP, en Madrid. Entre ellos, Iñaki Oyarzábal”. Y el ABC del domingo destacaba que la protesta contra el reelegido presidente provincial del PP de Pontevedra y titular de la Diputación, Rafael Louzán, con motivo de las preferentes, se suma a “las vividas esta semana por diputados del PP por las movilizaciones de la plataforma de desahucios”.


Ada Colau: “El único acoso es el de las entidades financiera y las fuerzas del Estado”

Algunos medios hablan de “acoso salvaje al PP”; otros se preguntan si esta técnica, nacida en la Argentina, que señalaba a los responsables de la dictadura, supone “responsabilidad penal” para quien la ejerza. La PAH asegura que se trata de “una iniciativa pacífica” y que no son “partidarios de la violencia”. De hecho, desde que esta campaña da comienza, no se registra ningún incidente ni la más mínima agresión o signo de violencia. Otras voces se preguntan por su legitimidad. Si los diputados representan a la ciudadanía que les respalda con su voto, ¿es legítimo perseguirles para informarles de lo que no se está haciendo bien? Muchos de los que ponen la legitimidad sobre la mesa son los mismos que no aplican el término “legítimo” a otras cuestiones como la deuda pública, el rescate bancario a entidades que han jugado y perdido con los ahorros de sus clientes o el uso fuerzas de seguridad del Estado para desalojar viviendas propiedad de los bancos privados. El comportamiento de la PAH es considerado por ella misma de “prudente y ejemplar”. “Demasiado prudente y paciente, teniendo en cuenta las aberraciones que estamos viviendo cada semana”, explica Ada Colau, quien asegura que el “único acoso es el de las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado que se ponen al servicio de estas entidades. La ciudadanía nos conoce, sabe nuestra trayectoria desde hace más de cuatro años y sabe que hemos tenido un comportamiento ejemplar, mientras que las entidades financieras subcontratan a empresas privadas para acosar a las personas que están devastadas por la situación precaria que están viviendo”.

Ignacio Blanco justifica a la PAH.
 
En un mes se han registrado unos diez “escrarches” a diputados del PP pero, desde 2008, ha habido casi 500.000 desahucios. El PP ha hecho valer su rodillo de su mayoría absoluta pese a que el Tribunal Europeo de Estrasburgo haya declarado injustos los desahucios, al vulnerar la legislación sobre protección de los consumidores. Tras este fallo, PAH presentaba el martes pasado, en los principales juzgados de España, un escrito elaborado por su equipo jurídico, según el cual, las personas cuyo procedimiento de ejecución hipotecaria sigue en curso, podrán solicitar su anulación por “ser ilegales, y estar basado en una ley contraria al derecho comunitario. Su movilización genera inquietud entre los diputados del Grupo Popular. La visita, en Valencia, de un grupo de activistas ante la vivienda de Esteban González Pons, acaba en denuncia en la comisaría del Congreso. El parlamentario denuncia coacciones para condicionar su voto en la Cámara. Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular, indica que la protesta “forma parte del dialogo democrático con los ciudadanos” pero que “hay un límite y es la violencia y eso es lo que no vamos a consentir. “Cualquier expresión de rechazo, de protesta o de queja –alega– ha de ser pacífica. Si se cruza la raya de la violencia estaríamos en otra situación”. Sin embargo, el Grupo Popular no adopta ningún tipo de iniciativa para adaptarse a las normas del TS europeo. Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, insiste en que “indudablemente, las coacciones no me pueden parecer bien, sea al diputado que sea”. Y hasta Cayo Lara, líder de IU, parece dispuesto a “no compartir” el “escrache” como forma de presión, aunque matiza que lo que está sucediendo respecto a los desahucios “es muy grave, y hay que vivirlo en la piel de los que lo sufren. Por eso hay actitudes que pueden ser comprensibles”. Lara vivió en sus carnes el rechazo de la PAH, al acudir a impedir un desahucio, del que fue expulsado con cajas destempladas. E Ignacio Blanco, diputado autonómico de las Cortes Valenciana y portavoz de la Comisión Ejecutiva de Ezquerra Unida, justifica, en un twitter, a la PAH, bajo el argumento de que “su lucha es pacífica pero firme contra los criminales sociales”, categoría en la que incluye a González Pons y todos aquellos que no aprueben su propuesta. Blanco también anuncia que los antidesahucios se querellarán contra el dirigente popular por injurias y calumnias.



 
Según Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, al Gobierno le preocupa mucho el “escrache” que está llevando a cabo la PAH, extendiendo sus protestas hasta la puerta de los domicilios de diputados y diputadas del PP que rechazan la ILP antidesahucios. Y es ella quien criminaliza este movimiento porque puede hacer daño al PP. Cristina Cifuentes,  en declaraciones a Radio Nacional, señala que “la señora Colau y otras personas en la plataforma han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a todos estos grupos que, a mi modo de ver, tienen mucho que ver con el entorno de ETA”. Cifuentes señala que la PAH “no es sólo un grupo que esté apoyando a las personas desahuciadas, sino que están siguiendo una estrategia política bastante radical. Yo sí creo que hay intereses políticos que explicarían el ‘acoso’ a dirigentes del PP frente a sus domicilios familiares”. Cifuentes declara que cualquier manifestación es perfectamente legítima, y “en algunos casos, se comprenden más que en otros”, como es el referido a los desahucios, “pero lo que no creo es que el derecho de manifestación, ni siquiera por una causa justa, pueda traspasar ciertas líneas”. Por eso, añade, “lo que no se puede hacer es incitar y aprovechar la actual situación para hacer una acoso absoluto hacia algunos políticos, casualmente todos del PP. Aquí tiene que actuar la ley”.  

Ada Colau exige el fin de los desahucios.

La portavoz de la plataforma antidesahucios asegura que las acusaciones de la delegada del Gobierno en Madrid y de otros dirigentes populares son “infamias” y suponen un insulto para las víctimas del terrorismo. Ada Colau no descarta tomar acciones legales contra Cristina Cifuentes, por haberla acusado de apoyar a grupos proetarras, y contra otras acusaciones de dirigentes del PP. Defiende de forma contundente que la PAH es una plataforma “apartidista, independiente y plural”, y atribuye las afirmaciones de Cifuentes y de otros responsables del PP a la voluntad de desviar la atención con mentiras e infamias. “Es realmente inmoral –deplora Colau–, y no descartamos acciones legales por la difamación y el clima de confusión y tensión”. Asegura que las palabras de Cifuentes han provocado que usuarios de las redes sociales la hayan “amenazando de muerte”, durante los últimos días. La activista cree que se trata de una “cortina de humo” para no modificar la ley hipotecaria pese a la sentencia europea que la ha declarado ilegal, porque el Gobierno está presionado por las entidades financieras para no cambiar la norma. “Esperamos que éste condene el acoso y la violencia de los bancos contra la población”. Colau  dice que Cifuentes insulta a la Plataforma, a la ciudadanía y, además, a las víctimas del terrorismo. Rechaza las acusaciones de que los integrantes de la PAH utilizan la violencia y la coacción en sus acciones, y agrega que realizan un ejercicio democrático: “El único caso de violencia –insiste– es lo que hacen las entidades financieras. Estamos esperando que el Gobierno condene con contundencia el acoso y la violencia de estas entidades contra la población”.


Carmen Maniega, diputada nacional del PP por Asturias, presentaba el lunes una denuncia en la Comisaría de Policía de Avilés contra “el acoso” que asegura estar recibiendo de miembros de la PAH del Principado. La diputada avilesina ya puso en conocimiento de la Policía Nacional varios episodios de acoso de este movimiento contra los desahucios y ratifica que no se puede pasar por alto esta situación. Explica que la pasada semana fue perseguida por un grupo de activistas, a la salida de una reunión de Federación Asturiana de Concejos, al grito de “asesina, criminal y sinvergüenza”. Dice que los activistas la persiguieron durante más de una hora por las calles de Oviedo hasta que tuvo que pedir ayuda a la Policía para poder entrar en un taxi. La parlamentaria asegura que es víctima, al igual que otros compañeros suyos de escaño, de un método consistente en perseguir a cargos públicos y acusarles de determinadas responsabilidades políticas conocidas como “escrache”. En una nota de prensa, la PAH explica que “en ningún momento ha coaccionado, acosado, insultado o amenazado”, que desconoce su domicilio y que, cuando se realizó el “escrache”, no iba acompañada de sus hijos. Sí reconoce que, en Asturias, han realizado dos “escarches” a la diputada, pero matiza que en ninguno de los dos iba acompañada de menores. La PAH explica que, con su campaña, sólo pretende “informar” a los diputados que han dicho que votarán que no a la iniciativa legislativa popular (ILP) de la realidad diaria a la que se enfrentan los miles de afectados por los desahucios ilegales. “Entendemos que, con la presentación de la ILP, hemos agotado todas las vías posibles para modificar la ley hipotecaria y dado que los diputados no responden a nuestras cartas ni acuden a nuestra llamada al diálogo, nos vemos obligados a ir a explicárselo allá donde se encuentren”.


Luis Losada, subdirector de La Gaceta de los Negocios, “amenaza” a Ada Colau con “publicar su dirección en Barcelona”, que, según dice, le ha “pasado” un amigo. La razón aludida es que está molesto porque miembros de la PAH se manifestaron delante del domicilio del ‘popular’ Esteban González Pons “para dialogar con él y para que conozca la realidad de la calle”. Losada declara que la izquierda española está copiando los actos de repudio del castrismo. “Cientos de violentos rodean tu casa y te amenazan a ti y a tu familia. Allí, la Policía mira para otro lado”, añade el periodista de Intereconomía. La diferencia, según Elplural.com, es que la PAH actúa, en España, bajo las normas de la democracia y “la izquierda española” no es que copie los “actos de repudio” de Cuba contra los disidentes, sino que simplemente se manifiesta, porque hace uso de su derecho constitucional. “Además, lo hace para defender a miles de españoles que sufren un estado de indefensión ante la justicia. El hecho es que ha tenido que intervenir el Tribunal Europeo para parar los desahucios. El indefenso y ‘acosado’, aquí no es el político, sino el ciudadano, que no sabe ya a dónde ni a quién mirar, en medio de un estado de corrupción extendida entre la clase política”. Losada insiste: “El derecho de manifestación tiene que ser compatible con el derecho a la privacidad y a la intimidad personal y familiar”. Elplural.com recuerda que, en 2011, cuando a González Pons le convenía, era un político que no veía la expresión libre de los ciudadanos como “un acoso”, sino que todo lo contrario y llamó al pueblo español, como hacía el egipcio, a salir a la calle a manifestarse. Y Losada termina confesando que un amigo le pasó la dirección de Ada Colau, en Barcelona. “Seguro que muchos quieren hacerle una visita. Pero no la publicaré. Es su intimidad. Y tiene tanto derecho a ella como González Pons”.

Ada Colau rompe a llorar ante los juzgados.
 
El PP impide con su mayoría absoluta que la dación en pago salga adelante. El pasado martes, último día para presentar enmiendas al proyecto de ley antidesahucios, los “populares” dejan patente que no aceptarán la principal reivindicación de la PAH para poner fin a los desahucios. Esta, mientras tanto, inicia una campaña en juzgados de todo el país para pedir la anulación de los procesos de alzamiento en base a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En uno de los actos de esta campaña, celebrado a la entrada de los juzgados de Barcelona, Ada Colau se emociona y rompe a llorar. Colau ha sido, durante los últimos días, el objetivo principal de una campaña, protagonizada por dirigentes del PP, en la que se ha llegado a acusar a la plataforma que lidera de connivencia con grupos proetarras. Colau, asegura que no van a “incitar” a ninguna agresión, pero advierte que no pueden quedarse de brazos cruzados mientras el PP “desoye” un clamor popular. Denuncia que “lo increíble es que el Gobierno no haya detenido esos desahucios” ni “la vulneración de derechos fundamentales”. Ante esta situación se pregunta: “¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Lo único que hacemos es interpelar a representantes públicos. Se hace no sólo en Argentina y otros países latinoamericanos, sino también en Europa”. Reconoce que en las enmiendas del PP no se recoge la “retroactividad” en la dación en pago. “Se deja sin resolver esa gran injusticia y miles de personas seguirán condenadas a ser morosos durante el resto de sus días. En lugar de resolver el problema de modo sencillo, como habíamos planteado, optaron por complicarlo. La PAH redoblará sus esfuerzos ante los tribunales”… Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, califica de “antidemocrático” estos “escraches”, tildados por él de “acoso”, aunque evita valorar las palabras de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, quien vincula la plataforma con el movimiento “proetarra”.
 
 
Según José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la orden ministerial es una “barbaridad” que pone a los agentes “a los pies de los caballos”.
 
La Secretaría de Estado de Seguridad hizo llegar el jueves a las comisarías una instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos. Es una nota de apenas un párrafo,  firmada por la Dirección Adjunta Operativa que dirige Eugenio Pino y publicada “después de los actos de acoso a diversos dirigentes políticos llevados a cabo en los últimos días por representes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca”. La decisión del ministro Fernández Díaz levanta polémica. Desde la asociación Liga Anticorrupción, un movimiento ciudadano con más de 300 colaboradores y Augusto González, sobrino de Adolfo Suárez como presidente, se denuncia su posible ilegalidad e intención de “criminalizar las protestas”. En un comunicado, la Liga Anticorrupción asegura que su gabinete jurídico mantiene que “detener e identificar ciudadanos por participar en “escarches” es ilegal, y que sólo se puede detener a alguien si se produjera una agresión, cosa que hasta el momento no ha ocurrido”. Considera que hay un “mensaje subliminal” político para que la Policía actúe con mayor contundencia contra los manifestantes y anuncia que el lunes la Liga Anticorrupción presentará un escrito ante la Defensora del Pueblo, pidiendo su intervención para que acabe con lo que consideran que son “utilizaciones del cargo público en favor de los intereses de un partido político”. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, considera que la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial es una “barbaridad” ya que pone a los agentes “a los pies de los caballos” y en riesgo de seguridad jurídica. “Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad”. El portavoz del sindicato mayoritario de la Policía recuerda que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella. Sin embargo, cree que la instrucción de Interior supone “retorcer” la ley de Seguridad Ciudadana porque “si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera” de esa normativa. Una lectura, advierte José María Benito, que puede llevar a identificaciones masivas “sin cobertura legal alguna”, lo que, en su opinión, pone en “riesgo” la seguridad jurídica de los policías.

Comparativa entre ETA y la PAH, presentada por José A. Pérez.
 
Aníbal Malvar escribe en su sección de Rosas y espinas de Público.es: “Nos acabamos de enterar por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de que Ada Colau y, en general, todos los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son de la ETA. Acabáramos. Cifuentes es el caso más claro que conozco de que, contraviniendo la clásica boutade machista, no todas las rubias son tontas. Yo, en mi cortedad, consideraba hasta hoy que la única similitud entre la ETA y la PAH es que ambas organizaciones solo presentan cierta reticencia a abandonar sus respectivas armas. Pero por eso yo no soy rubia ni delegada del Gobierno. Ni tampoco de la ETA. Al final, la realidad acaba desvelándote las razones ocultas de estas cosas menudentes que te privan de ciertos cargos públicos o privados (…)  La derecha española ha cambiado poco desde los tiempos de la conjura judeo-masónica. En los tiempos bonancibles del añorado Franco, nuestra derecha había venido desarrollando una impecable capacidad de etiquetado con los enemigos, fueran los citados judíos o la pertinaz sequía. Cifuentes lleva razón. Ada Colau debe de ser de la ETA, pues ni siquiera respeta su propio derecho constitucional a una vivienda digna. Una persona que ni siquiera respeta ese apartadito de la Constitución, es que no es ni demócrata ni es nada. Es de la ETA, lo dicho. Y a lo que aspira, en vez de a tener una vivienda digna, es a vivir de gratis en la cárcel con el dinero de todos los contribuyentes…


Malvar prosigue: “Cuando Cristina Cifuentes dice de Ada Colau que es de la ETA, no es comparable, por ejemplo, a que dijera yo aquí que a Cifuentes solo le falta dejarse bigote para escribir Mein Kampf y ponerse a incinerar judíos o, en el caso concreto que nos ocupa, darle vuelta y vuelta en la barbacoa a un par de desahuciados. Si yo dijera eso, podría ser llevado ante los tribunales de nuestra independiente justicia y ser castigado a pagarle el tinte de rubia a la Cifuentes durante los próximos 30 años. Pero cuando se dicen verdades tan incontestables como la expresada por Cifuentes, de que Colau es simpatizante de la ETA, presenta tal cantidad de pruebas irrefutables que no ha lugar a la participación de la ciega (…) La valentía de Cifuentes a la hora de denunciar la filiación etarra no solo de Ada Colau, sino también de todos los miembros de la PAH, únicamente tiene parangón, en nuestro pasado reciente, con la gran audacia de Aznar, que arriesgó su propia vida invadiendo Irak mientras apoyaba los pies en la mesa de cristal de uno de los más sanguinarios presidentes de la historia de los EEUU. Ahí se ve dónde hay cojones. Eso un tío sin arrojo no lo haría ni borracho. La PAH debería ser rebautizada como Ada Ta Askatasuna tras estas esclarecedoras y bellas palabras de Cifuentes, que siempre dice verdades tan grandes como los puños de los policías que envía a machacar los labios del pueblo cada vez que el pueblo intenta abrir la boca en la calle para demandar sus imaginarios derechos. Para que después a alguien se le ocurra decir que las rubias sois tontas, Cris, o sea. No cejes, que’jpaña te necesita”.


“A través del equinoccio –escribe Cive Pérez en Carnet de Paro–, la Naturaleza nos ofrece una lección: todo fluye, y entre las probabilidades del flujo, también el estado de igualdad es posible. El final de los tiempos del despido libre, de bajada de salarios y pensiones, llegará cuando el miedo cambie de bando. El primer paso consiste en desahuciar al miedo de nuestras mentes (…) En esa guerra, la patronal sí está activa y permanentemente movilizada, como demuestra la política del partido que representa sus intereses, el Partido Popular. Millones de trabajadores que confiaron incautamente su voto a este partido ahora ven con desolación el resultado: bajada de salarios, descenso brutal de las pensiones y leyes que otorgan barra libre al empresario para despedir sin indemnización.  'Alfon' Fernández, el joven madrileño que estuvo encarcelado casi dos meses tras su detención durante la jornada de huelga del 14-N, declaró muy convencido que: ‘El miedo va a cambiar de bando’. Pero para que eso suceda, para que el miedo cambie de bando, el primer paso consiste en echarlo de nuestra casa. Desahuciar al miedo de nuestra mente. Será entonces, cuando el miedo, miedoso por definición genética, buscará el modo de conseguir alojamiento en otro lado. Mientras nosotros, liberados de su opresiva presencia, podremos imaginar nuevas vías de atacar a la clase propietaria”.


“Con la ingenuidad que nos caracteriza –escribe Juan Carlos Escudier en un artículo titulado ‘Cómo distinguir un escrache real de uno falso’, editado en Público.es– habíamos pensado que el ‘escrache’ no dejaba de ser una forma de protesta que consistía en acudir al domicilio de un responsable político o de un empresario, llamar su atención con la percusión de unos cazos o de la gama completa de Magefesa y, ya puestos, cantarle las cuarenta a capela (…) Ha venido a sacarnos del error, entre otros, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, mujer informada y comedida, que ha corrido a advertirnos de que los activistas antidesahucios que han alterado la tranquilidad de varios diputados del PP son, en realidad, ‘borrokas’ disfrazados, de igual manera que los dos jóvenes con bufandas del Real Madrid que hace año y medio irrumpieron en el portal de Esperanza Aguirre completamente cocidos y se mearon en las petunias presidenciales, eran aviesos perroflautas que pretendían dar un golpe de estado autonómico con nocturnidad y toda la alevosía que proporciona llevar una tajada como un piano. En auxilio de Cifuentes, han llegado al galope algunos de sus opinadores de cabecera, que no han tardado en comparar estos ‘escraches’ con el fascismo o con el marcaje que se hacía a los judíos cuando se les cosía en el abrigo la cruz de David. En resumidas cuentas, los antidesahucios no son manifestantes que quizás se excedan en su protesta sino filoetarras, fascistas, nazis, antisistema y, posiblemente, independentistas, que eso ya es el acabose.

 
“La cosa, sin embargo, precisa de matizaciones –prosigue Escudier–. Empecemos por la definición de ‘escrache’. En esencia, consistiría en ejercer una acción que trastorna gravemente la paz del hogar y que coloca a quien la sufre en una situación de enorme tensión. Sabemos, por ejemplo, que el ministro Gallardón ha sufrido vituperios en su domicilio. Ahora bien, ¿fue un ‘escrache’ continuado sus obras de la M-30 en Madrid que alteraron durante varios años el sueño de miles de ciudadanos y sacaron de sus casillas de centenares de miles de conductores que llegaban histéricos a sus trabajos o a sus casas? ¿Han sido ‘escraches’ los quinientos mil desahucios de la crisis? ¿Lo experimentaron quienes acabaron tirándose por el balcón al verse desalojados de sus viviendas? ¿Son víctimas de ‘escraches’ los parados mayores de 55 años a los que se les quita el subsidio, los futuros jubilados a los que se les recorta la pensión, los estafados por las preferentes, los funcionarios a los que se baja el sueldo por el artículo 33, los jóvenes que han de dejar sus casas en busca de trabajo y emigrar al extranjero, los enfermos a los que se cierra el ambulatorio, quienes cobran pensiones de risa y han de pagar parte de los medicamentos o los profesores interinos a los que se les niega un contrato? ¿Acaso no han visto todos ellos gravemente alteradas sus tardes de domingo y casi con seguridad las del resto de la semana?”...

 
Pero pasamos ya al humor, que es lo que siempre nos salva del escepticismo universal. Y comenzamos con este dibujo eufórico de Erlich, seguido de otros: la vía chipriota, la nueva matemática, instrumentos económicos y cómo funciona un plan económico

 

 
Les presentamos a algunos de los políticos del PP en el poder, con sus políticas nefastas:
 

 
 
 
Continuamos con el humor del “escrache” y de estos tiempos, presentado por  El Ventano, J. R. Mora, El Roto, Forges, Peridis, Alfons López, Ferrán, Santigutiérrez, Vergara, Pat…

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pep Roig nos presenta: Nuevo proyecto de ley, ideas sueltas, la incompetente cloaca, la tranquilidad de la cloaca y España menguante.
 
 
 
 
 
 
Terminamos con una tanta de vídeos sobre el PAH y sobre el “escrache”. En el primero son los afectados por la Hipoteca quienes hacen un llamamiento a los Diputados del PP para que escuchen sus voces antes de tomar una decisión sobre la ILP que cambiará sus vidas. Todas las personas que salen en este video están en proceso de ejecución hipotecaria. Algunos van a perder sus viviendas y otros ya han sido desahuciados y están luchando por la condonación de unas deudas que les condenan a a la miseria.



La PAH se concentra en la estación de Atocha para intentar explicarles a los diputados que llegan a Madrid la situación de los ciudadanos desahuciados. La Policía interviene y detiene a dos activistas.




La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, acusaba el lunes pasado a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, de haber apoyado a Bildu, a Sortu y a otros grupos “proetarras” y de emprender una “estrategia política radical” a partir del movimiento antidesahucios.



La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, afirma que las palabras de Cristina Cifuentes son “una intoxicación y una inmoralidad”.

 

Terminamos ya con la melodía de este artista callejero que nos demuestra que en la calle se puede encontrar de todo.


viernes, 29 de marzo de 2013

De montes quemados a urbanizables.


 
Arias Cañete
 
 
Terra Mítica se levantó sobre un bosque quemado.
 
Miguel Ángel Cañete, ministro de Agricultura, está preparando la fórmula para convertir los montes quemados en urbanizables. De esta forma, se ahorra el esfuerzo de seguir conservándolos, con la excusa de que no hay suficiente dinero para ello, y así, una vez quemados y arrasados por el fuego, los entregará con los ojos cerrados al especulador. Lo que acelera y apoya, según él, el cambio de uso forestal, “siempre que se trate de titularidad pública y que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias –reza el borrador de la futura ley– deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso”.

Dicha fórmula no complace a los amantes de los bosques sin intereses privados sobre ellos. “Durante la reunión –explica Mario Rodríguez, el director de Greenpeace en España– el ministro Arias Cañete nos aseguró que esto sólo se aplicaría en casos excepcionales, pero tenemos el razonable temor de que, como ocurre tantas veces, la excepcionalidad se pueda convertir en norma”. Hasta el momento, la legislación española prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años. Es decir, que, si un monte arde, su recuperación está protegida por la prohibición de “cambio de uso forestal al menos durante 30 años”, con la imposibilidad de realizar “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”. Pero, con la futura ley, las cosas se ponen mucho más fáciles para los especuladores y casos como Terra Mítica servirán de ejemplo.

Terra Mítica, parque temático situado en Benidorm (Alicante) se construyó sobre 450 hectáreas de terreno no urbanizable de especial protección forestal. De hecho, estaba prevista la creación en ese entorno de un gran parque forestal, que se hubiera convertido en uno de los grandes referentes ecológicos de Europa. Pero, el 11 de agosto de 1992, un incendio intencionado y provocado arrasó esos terrenos. A medida que los equipos de extinción intentaban detener las llamas, varios focos simultáneos, como si se tratara de una campaña orquestada, las iban reavivando desde los lugares más insospechados. Mientras bomberos y retenes se concentraban para detener los frentes de fuego, nuevos focos renacían desde otras zonas desprotegidas. Esta situación se prolongó durante varios días. De esta manera, desparecía uno de los más bellos pulmones forestales de España. Y la comarca alicantina de la Marina Baixa se convirtió en un páramo de carbón negro. Eduardo Zaplana,  a la sazón, alcalde de Benidorm, culpó a la Consellería de Medio Ambiente, del gobierno del socialista Joan Lerma, de “descoordinación y lentitud en las tareas de extinción”. Ningún plan de reforestación se aplicó en los años siguientes para recuperar los bosques quemados. Y, cuatro años más tarde, en 1996, recién elegido Zaplana presidente de la Comunidad Valenciana, se creó la sociedad Parque Temático de Alicante, que ese mismo año se beneficiaba de la expropiación de los terrenos arrasados y otorgaba a Terra Mítica S. A. la concesión del suelo para construir una enorme zona hotelera (2.500 plazas), dos campos de golf y el Parque de la Naturaleza.
 
Cuando, en 2003, se redactó la ley que cercenaba la posibilidad de recalificar bosques quemados también Zaplana estaba allí. Era el portavoz de Gobierno de José María Aznar desde mes y medio antes.  Ahora, el ministerio de Arias Cañete pretende retocar aquel restrictivo artículo 50 de la ley de 2003 y abrir la puerta a excepciones. Una propuesta que Greenpeace califica como “un peligroso paso atrás”.

jueves, 28 de marzo de 2013

De nuevo, una marcha atea denegada, en Semana Santa.


 
Una de las marchas ateas, celebradas en Madrid.


Luis Vega, presidente de Amal.
 
 
AMAL, asociación madrileña de ateos y librepensadores que solicitaba una marcha contra los “privilegios” y las subvenciones a la Iglesia para este Jueves Santo, en el barrio madrileño de Lavapiés, recibió de la Delegación del Gobierno de Madrid la negativa de la misma. Luis Vega,  presidente de dicha asociación, tuvo que soportar la negativa del Gobierno que se excusaba en que la petición se había realizado fuera de plazo. AMAL defendía que la decisión de la Delegación era “errónea”, puesto que “según se aprecia en el fax”, la petición se produjo a las 10.00 horas del 19 de marzo, por lo que sobrarían “algunas horas” con respecto a la convocatoria, a las 20.00 horas de día 28 de marzo. Además, AMAL recalcaba que su prioridad era que la marcha se celebraría en esa misma fecha, puesto que el día 28 es “un día donde la iglesia católica invade nuestras calles, prohibiendo y recortando el derecho a otras expresiones ciudadanas”. Esta era la tercera vez que solicitaba la autorización de una marcha el día del Jueves Santos, cuyo lema de este año era: “Ningún privilegio para las iglesias. Sin subvenciones a las iglesias, tendríamos la mejor enseñanza del mundo. Enseñanza pública y laica”. En los dos casos anteriores, la Delegación del Gobierno denegó la autorización porque “coincidía con manifestaciones y podría generar problemas de orden público”, por lo que instaba a los convocantes a llevarla a cabo en otra fecha. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los convocantes tuvieron que celebrar la convocatoria en días posteriores a la Semana Santa.

AMAL recurrió la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de no autorizar la celebración y había asegurado que seguiría adelante con la protesta, a pesar de no tener permiso. “Entendemos –aseguraba el presidente, Luis Vega–, que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación están por encima de argucias administrativas de las Instituciones políticas para seguir favoreciendo a la Iglesia Católica”. Vega reprochaba a esta institución “seguir utilizando argucias para impedirlo”. “No se entiende que la Delegación prohíba una manifestación, como han hecho otras veces, porque pase por calles con nombres de Santo o porque, según ellos, no se convoque a tiempo”, se quejaba Vega.

Crisitina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, aseguraba el lunes pasado que la marcha 'atea' no se hubiera autorizado incluso si sus promotores lo hubieran comunicado dentro del plazo previsto, al suponer una grave alteración del orden público.
Cifuentes incidió o en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor de la Delegación en las dos ocasiones anteriores. Según Luis Vega, con sus declaraciones, Cifuentes podría incurrir en un presunto delito de prevaricación, si se demostrase que “existe una connivencia entre la justicia y la política. Es muy serio, porque con esas declaraciones se cierran totalmente todas las vías para que cualquier colectivo se manifieste en Semana Santa”. Dijo que la Delegación lleva a cabo una “estrategia de criminalización” y de “represión” por la que podrían multarles o incluso acusarles “de ser filoetarras”, en referencia a las declaraciones de Cifuentes sobre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)..

Vega se mostraba reticente a la presentación de un recurso ante el TSJM porque los dos años anteriores se falló a favor de la Delegación y supondría “meterse en un callejón sin salida”, además de que podría condenarles a pagar las costas del proceso, cosa que no hizo en las ocasiones anteriores aunque lo pidió la Fiscalía. Por su parte, Europa Laica, colectivo que apoyaba la “marcha atea”, consideraba “intolerable” que, “en un Estado de derecho, se prohíba la libre manifestación pacífica de ciudadanos que defienden unas determinadas ideas que se atienen escrupulosamente a la legalidad vigente, en base a su libertad de conciencia y de expresión, mientras que una determinada ideología religiosa invade calles y plazas con el respaldo e incluso participación de las fuerzas de seguridad y orden público y de algunos políticos”. Y Europa Laica sostiene que esta actitud demuestra que España no es un Estado aconfesional, sino “un Estado confesional católico” y que “hay una doble vara de medir que atenta contra el principio de igualdad” que expresa la Constitución.

Finalmente, los colectivos que apoyaban la marcha atea, decidieron desconvocarla en asamblea “para no caer en las provocaciones de Cristina Cifuentes” y posponer unas semanas su celebración. Por su parte, Izquierda Republicana, integrada en IU, critica la confusión “político-profesionales” de estas fechas y saca un comunicado que ha sido reproducido en “Diario Progresista”. En los párrafos más destacados, se señala que, por desgracia, han comprobado que “la pretendida aconfesionalidad proclamada por la vigente Constitución de 1978 será incumplida por autoridades civiles y militares que asistirán a los eventos confesionales, ejerciendo su cargo, y no, como debiera ser, como ciudadanos particulares, con perfecto derecho a manifestar su fe”. Lo que consideran un sometimiento de los poderes públicos incompatible con la pluralidad de las creencias de los ciudadanos. Tampoco se escapan de las diatribas los militares, policías y guardias civiles, igualmente tan habituales en las procesiones, algo que IR estima incompatible “con un Estado laico”, sobre todo porque las religiones no deben formar parte de ningún colectivo de autoridades y debe quedarse en el ámbito privado de cada uno de los individuos.