El mismo día de la proclamación del rey Felipe VI, el pueblo exige un referéndum por la IIIª República.

  Los republicanos exigen un referéndum.

 

  Juan Carlos, firmando el final de su mandato.

 

 El nuevo Rey de España, Felipe VI.

Banderas republicanas.

 

Hoy, el mismo día en que Felipe VI será proclamado Rey de España, el sistema ha prohibido a los ciudadanos reunirse en las calles de la capital para manifestar su preferencia por un sistema plenamente democrático y republicano. La delegada del Gobierno del PP en Madrid, Cristina Cifuentes, ha prohibido a los españoles reunirse en las calles de la capital para protestar contra la monarquía, los despidos y los recortes en la enseñanza pública, como habían solicitado antes de la abdicación de Juan Carlos I. Una parte del mundo de la cultura se ha sumado públicamente a la petición de referéndum. Decenas de escritores, músicos y actores,  convocados por la Junta Estatal Republicana, que agrupa a más de 50 organizaciones políticas, sociales y culturales de nuestro país, pensaban apoyar la consulta popular. Entre los que confirman su apoyo al “Manifiesto del mundo de la cultura por un referéndum”, se encuentran músicos como Luis Eduardo Aute, Miguel Costas (de Siniestro Total), Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), Luis Pastor o Jorge Ilegal (Ilegales); escritores como Almundena Grandes, Luis García Montero, Jesús Urceloy o Marcos Ana (represaliado por la dictadura franquista) y actores y actrices como Pilar Bardem, Asunción Balaguer, Benito Rabal y Willy Toledo. El manifiesto afirma que “la grave crisis (económica, social, ambiental, política y de corrupción institucional) que vive nuestro país ha propiciado la abdicación del monarca y el intento acelerado de imponer otro rey sin que la voluntad de los ciudadanos sea tenida en cuenta”.

Los republicanos recuerdan que el 70% de la población no tenía edad de votar cuando, en 1978, se aprobó la Constitución, y “exigen” que el pueblo, “en el que reside la soberanía", hable y decida a través de un referéndum. Piden poder votar ·entre la Monarquía o la República” y apuesta por la apertura de un proceso constituyente “donde todas las instituciones puedan ser elegidas por la ciudadanía”. El manifiesto firmado por ellos dice: “En el mundo de la cultura, al igual que millones de ciudadanos, nos plateamos algo evidente: si cambia la Jefatura del Estado, ¿por qué los ciudadanos no podemos decidir quién y cuál es el modelo de esta Jefatura? ¿Cuándo es el mejor momento para decidirlo sino ahora?”. A través de la web www.referendumrealya.com, ya han votado más de 66.000 personas. Pero, la convocatoria de esta iniciativa invita, a su vez, a seguir recabando firmas en pro del referéndum.

Ana Botella, alcaldesa de Madrid, una de las autoridades que más se decantan por la Monarquia, recomendó engalanar balcones y ventanas con la bandera española y convocó a los vecinos a salir a las calles a aplaudir a Felipe y Letizia en el paseíllo que ofrecerán en un rolls royce con techo descubierto después de la proclamación, entre el Congreso y el Palacio Real, donde los nuevos reyes saludarán desde el balcón principal entre medidas extraordinarias de seguridad. Ella  contribuido a dejar un Madrid engalanado con 16.000 flores y decenas de miles de banderas de España, sin mirar en los gastos de este evento. Para ella, los residentes de la zona deberán llevar el carné de identidad en la mano y mostrárselo a los agentes para entrar y salir de sus casas. Un evento austero en opinión de las instituciones que lo organizan, que no dan información sobre lo que costará a los españoles. Cuatro manifestaciones comunicadas (tres republicanas y una sindical) que se iban a celebrar hoy fueron prohibidas mientras que se ha permitido el gasto de apostar a 4000 policías. 2.500 guardia civiles y 150 tiradores de precisión, desplegados en las azoteas con sus correspondientes conexiones con aire y tierra, así como unos 1.000 policías locales y un número no precisado de agentes del CNI. Todos ellos obedecerán ciegamente a la orden de “tolerancia cero” con los “sospechosos, revoltosos y alborotadores”.

En un comunicado firmado por un colectivo (Izquierda Unida, el PCE, Izquierda Republicana, Izquierda Castellana, el Foro por la Memoria y varios ateneos y colectivos republicanos de distintos distritos y localidades madrileñas), considera que la prohibición de la manifestación “vulnera gravemente los derechos civiles y políticos fundamentales” y recuerda que, en ninguna de sus manifestaciones, se han producido incidentes, por lo que la apelación al “riesgo cierto de peligro para las personas y los bienes” es una estimación “absolutamente improcedente”. En otro comunicado posterior mantiene la concentración en Sol y considera “irrenunciable” la expresión pública de posiciones políticas absolutamente legítimas como es la oposición a la Monarquía y la reivindicación de la República.

No obstante, los policías y guardias civiles que participarán en el dispositivo de seguridad tienen la orden de impedir que se exhiban símbolos republicanos. Los responsables del operativo justifican la decisión “por la necesidad de garantizar el orden público en un evento tan multitudinario como el que vivirá hoy la capital. El objetivo –advierten– no es evitar que esos símbolos enturbien los actos oficiales sino impedir que puedan generarse altercados entre defensores de la Tercera República y los simpatizantes del orden monárquico que, presumiblemente, acudirán para presenciar la coronación del nuevo rey de España”. Los responsables del operativo policial creen que, a pesar de las prohibiciones, se producirán protestas en puntos del centro de Madrid.

Los convocantes han criticado a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a la que acusan de “mentir como una bellaca” por abrir la puerta a la posibilidad de establecer un recorrido alternativo. Destacan que “no son unos salvajes como dice la delegación” y que “11 años de manifestaciones pacíficas” les avalan. Y  han criticado los llamamientos de distintas autoridades, empresarios y representantes del PP para salir a la calle con banderas españolas, “que, en realidad, es una manifestación no comunicada a la Delegación”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló, finalmente, la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid. El TSJM mantiene la prohibición de la misma, lo que, “de celebrarse la marcha, las banderas rojigualdas y republicanas coincidirían en el recorrido, lo que podría dar lugar a enfrentamientos”.