martes, 24 de junio de 2014

Juan Carlos I es denunciado por Llamazares por su “inviolabilidad en diferido”.

 Gaspar Llamazares votaba ‘no’ a la ley de abdicación, el pasado día 11, en el Congreso.

Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, califica de “inviolabilidad en diferido” y “auténtica aberración” la maniobra parlamentaria del PP en la que, contra reloj y con carácter retroactivo, se intenta aforar a Juan Carlos de Borbón, ex jefe del Estado, y a su esposa, Sofía de Grecia. Llamazares anuncia que la dirección de su grupo parlamentario recurrirá a la Mesa del Congreso “el método sumarísimo” de 48 horas impuesto por el PP para aprobar la enmienda del aforamiento del monarca abdicado, en una ley que nada tiene que ver con la materia. “El método –dijo– es fraudulento y contraviene las resoluciones del propio Congreso y del Senado para que no se admitan enmiendas sobre materias ajenas al objeto de las leyes”.

De momento, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, ha remitido una carta a los portavoces, convocando la ponencia para aprobar la ley meramente administrativa en la que se pretende incardinar el “aforamiento de excepción” del exrey con el fin de que pueda ser aprobado el jueves por el pleno y ratificado la semana entrante en el Senado. A Eduardo Madina el método tampoco le gusta. “Esta cuestión –dijo– debería tratarse con mayor serenidad y hacerse con el tiempo necesario y en el marco legislativo adecuado”. Pero, para Llamazares, las palabras del secretario general del Grupo Socialista y precandidato a la dirección del PSOE, son humo. “Que no sean cínicos; el guiño republicano ha consistido en aceptarlo y tragarlo todo en el mismo ‘pack’, dice en referencia al pacto sobre la ley de abdicación y sobre la protección del monarca abdicado con un aforamiento sin precedentes al margen del cargo, como si fuera el Cid después de muerto”. Ese “aforamiento de excepción” que el diputado de IU no duda en calificar “de “impunidad e inviolabilidad en diferido”, contraviene las normas y la doctrina del Tribunal Constitucional que, según recuerda Llamazares, “vinculan el aforamiento al cargo público”.

De ahí que Llamazares encuentre “razones fundadas para considerar inconstitucional el aforamiento en el orden penal y civil del ciudadano Juan Carlos y su esposa, porque ya no ocupan cargo público alguno y porque la retroactividad vulnera principios fundamentales; nunca ha habido un aforamiento retroactivo y prácticamente universal como el que se les pretende dar”. Pero, para presentar el recurso de inconstitucionalidad que ya anticipó hace una semana el propio Cayo Lara, coordinador de IU y presidente del grupo de Izquierda Plural necesita la firma de cincuenta diputados y no será fácil que los socialistas presten su rúbrica. La otra opción contemplada por Llamazares consiste en solicitar a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que eleve el recurso.

La retroactividad del blindaje del exjefe del Estado afecta al breve periodo que va desde el jueves, 19 de junio, en el que presentó su renuncia efectiva, hasta que se apruebe la nueva norma, y obliga a la justicia ordinaria a remitir al Tribunal Supremo las dos demandas de paternidad interpuestas por otros tantos supuestos hijos naturales que habrían sido engendrados cuando era príncipe. Dichas demandas no fueron admitidas en su día por los juzgados de primera instancia e instrucción porque el jefe del Estado gozaba de inmunidad absoluta y no respondía ante la ley, pero fueron recurridas y se hallan pendientes de la resolución que la Audiencia Provincial de Madrid iba a dictar en septiembre próximo. Uno de los demandantes, Albert Solá, amplió ayer su demanda. La falta de fundamentos jurídicos para aforar a Juan Carlos de Borbón y a Sofía de Grecia en razón de un cargo público que ya no desempeñan, ha llevado a los proponentes conservadores a utilizar “razones de dignidad, como si la dignidad, recuerda Llamazares, no fuera un derecho humano preservable y protegible por igual en todas las personas. Decenas de miles de españoles sin empleo y en precario volvieron a reclamar eso mismo, dignidad, el sábado, en las calles y ante los parlamentos regionales.

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