Martes y 13 para el PP.
El exdipjtado del PP, Daniel Ortiz, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
El pasado martes, 13 de
septiembre, fue el día en que el PP se presentó en los juzgados “Los
populares -cuenta Natalia Castro en
ElPlural.com– contienen la respiración: deben declarar el exalcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, que acabó dimitiendo, acorralado por .a Púnica en
Madrid, y el denunciante que denunció y asentó la idea de que las raíces de la
misma trama son mucho más largas de lo que creíamos. Desde hace tiempo, casi
cada día puede ser malo para los populares. No hay semana en la que no se
conozca o un nuevo caso o un detalle nuevo de alguna trama ya existente. Gürtel,
Púnica con Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, Imelsa, Mato,
Barberá, Rus, Fabra, Acuamed, Rato, Soria… son sólo algunos de los nombres que
rodean al Partido Popular en los últimos años.
El pasado 8 de julio, el diputado
del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, anunció su dimisión. El
exalcalde de Mósteles tenía que dar algo más que explicaciones ante la jueza,
Susana Polo, al estar acusado por cohecho, fraude y tráfico de influencias. Ortiz
había utilizado, según Juticia, su
condición de alcalde para influir y conseguir que la multinacional Cofely se
hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios
energéticos y de suministros en Móstoles “independientemente de cuál fuera la
oferta más ventajosa”. A cambio, la trama Púnica habría repartido entre varios
miembros del Ayuntamiento, entre ellos Ortiz, una mordida de 746.000 euros.
“En el PP tenemos tolerancia cero
frente a la corrupción”, decía Cifuentes en mayo asegurando que no dudaría en
pedir la dimisión de Ortiz si el Tribunal decidía investigarle. Meses después,
matizaba: “Hay que esperar a ver si el instructor decide la práctica de nuevas
actuaciones o bien hay un auto formal de investigación”. Al final, tardó dos
días en reunirse con él para pedirle su marcha ante las presiones de
Ciudadanos, que amenazaron con romper el pacto por el que Cifuentes gobierna en
la Comunidad de Madrid.
Lo que empezó de la mano corrupta
del exconsejero madrileño de Presidencia, Francisco Granados, y del constructor,
David Marjaliza en la capital, creció y se extendió hasta llegar a Murcia. Así
lo cree el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y más después de la
aparición del nuevo testigo: un funcionario de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Murcia que denunció las relaciones que mantenía
el presidente popular de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con dos empresas de la
Púnica. Pero, el pasado martes y 13, Daniel Ortiz aseguraba durante el
interrogatorio que el contrato que se adjudicó a Cofely fue completamente legal
y, que incluso contó con la aprobación del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública, un argumento que choca directamente con el informe de la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Además, el funcionario que
denunció no acudió al juzgado para ratificar su denuncia. De hecho, ni se le ha
localizado ni se ha confirmado que la identidad que facilitó a la Audiencia
Nacional fuese real. Simplemente, ha desaparecido como por arte de magia y la
Guardia Civil lo busca. Ortiz sí declaraba, pero con toda prudencia,
confirmando que mandó los wasaps del amaño de 73 millones a favor de Cofely. Aunque
aseguraba que su intención no era manipular el concurso sino comprobar si la
empresa mejor situada era o no capaz de prestar el servicio licitado. Sólo le
faltó decir que él sólo pasaba por allí…
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