Cifuentes, en entredicho.
El jueves, 18 de mayo, Alberto
Oliver, diputado de Podemos, echaba en cara a Cristina Cifuentes, presidenta de
la Asamblea de Madrid, su presencia en el sumario de la Púnica y le acusaba de
formar parte de la “formación más corrupta de la historia de este país”. Oliver
la culpaba de apoyar a los cuerpos de seguridad del estado sólo “cuando le
viene bien”, haciendo referencia a sus críticas al informe de la Guardia Civil
que la implicaba en la financiación irregular del PP de Madrid. Cifuentes
abandonó airada el pleno de la Asamblea de Madrid durante la intervención del
diputado de Podemos. La presidenta de la Comunidad de Madrid se levantó de su
asiento y salió del pleno al que no regresó durante el resto de la sesión. Fue
en ese momento cuando la actual líder del PP madrileño decidió marcharse. Según,
el político de Podemos, Cifuentes le calificó de “sinvergüenza” y afirmó que
sus palabras eran “mentira”. Minutos después de que Oliver comentara el
incidente en Twitter, Cifuentes proclamaba su respeto por la Guardia Civil a través
de la misma red social: “Que no os engañen: todo el mundo sabe de mi respeto y
cariño por la Guardia Civil y la Policía. Son un ejemplo y un orgullo para todos”.
La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil aseguraba que el Partido
Popular de Madrid había usado dinero público de una subvención destinada al
desarrollo de cursos, que finalmente no se impartieron, para sufragar gastos de
la campaña electoral de 2008, la segunda con Mariano Rajoy como cabeza de
lista. Eran gastos como la publicidad exterior, las banderolas, los trípticos o
telepronter… La UCO aclaraba que Ignacio González, encarcelado por el caso
Lezo, concedía las subvenciones que eran desviadas al PP. Y criticaba a
Cifuentes por llevar “26 años en la formación más corrupta de la historia de
este país que, además, está siendo investigada por la Guardia Civil”. Los
informes de la UCO revelaban que el PP cometió delitos de prevaricación y
cohecho en la adjudicación de los contratos de la cafetería de del Pleno de la
Comunidad de Madrid, cuando Cifuentes era vicepresidenta del mismo.
Cristina Cifuentes, en una imagen de 2015.
Tras las reacciones de la
presidenta, que lo negaba todo, alegando que el documento era “un juicio de valor”,
la Guardia Civil ratificó sus sospechas, dando a conocer un segundo informe, en
el que se advertía de un delito de prevaricación en la adjudicación del
servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al
empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. El documento incidía en el
contenido del informe conocido si bien no hablaba del delito de cohecho,
centrándose en una presunta prevaricación apuntada por diversos testigos
interrogados por la Guardia Civil sobre este expediente. La UCO concluía que
las declaraciones prestadas ponían de manifiesto la existencia de “significativas
y evidentes contradicciones” entre los diferentes testimonios y permitían
concluir la existencia de “una pluralidad de acciones” por parte del Comité de
Expertos –del que formaba parte Cifuentes– “que tuvieron como única finalidad
favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades
S.L.(perteneciente a Arturo Fernández, expresidente de la Confederación de Empresarios
de Madrid CEIM-CEOE)”. Este favorecimiento se habría materializado a través de
conductas “arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción
paladina” en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes. La
UCO relacionaba estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el
vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de
Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales,
si bien en este segundo informe no aludía a esta circunstancia. La Guardia
Civil puntualizaba que Isaac Arturo Zubiri, componente del comité de expertos, faltó
a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración de las ofertas. De
esta circunstancia, concluye la UCO, “tuvieron que ser directas partícipes y
conocedoras las otras dos componentes del comité expertos, Cristina Cifuentes
Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera
indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de
los licitadores”. La Guardia Civil pedía investigar a Cristina Cifuentes por
prevaricación y cohecho. “Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el
presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo
podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación
continuada y cohecho”, reza uno de los informes policiales que forman parte de
la pieza de Púnica.
Del informe de las fiscales del
caso Púnica, en el que asumen el famoso informe de la Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil, tan denostado por Cristina Cifuentes, se desprendían “actos
injustos, altamente discriminatorios” cometidos en dos contrataciones que
favorecieron al empresario Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEIM y
donante del PP. El PP de Madrid manejaba un sistema de recompensa para sus
donantes, a los que favorecía con contratos públicos con el fin de financiar
sus excesos electorales cercanos a los 5 millones de euros. El propio juez
instructor del caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, sostuvo el 6 de
marzo de 2017 que existen “sólidos indicios” que acreditabann que Arturo
Fernández y otros empresarios “fueron adjudicatarios de determinados contratos
públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado
múltiples irregularidades penalmente relevantes”. Y, aunque no aludían a la
propia Cifuentes, ésta defiendía su honorabilidad y desautorizaba el informe de
la UCO, difundido por la prensa como si fuera una resolución judicial cuando,
en el sumario, no constaba que se hubiese adoptado decisión alguna sobre el
informe. El propio juez hacía llegar a la prensa que, por ahora, no tenía intención
de investigarla. “Lo que ha explicado en rueda de prensa, sin preguntas, por
cierto, y lo que ha explicado a través de redes sociales, que lo explique aquí,
que es donde tiene que explicárselo a los madrileños –explicó Ignacio
aguado, portavoz de Ciudadanos en la
Asamblea–. Que nos explique si conocía o no la financiación irregular de su
partido, si recibió instrucciones de algún dirigente o ex dirigente del PP; en
definitiva, que nos explique por qué aparece su nombre reflejado en un informe
de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en un segundo informe”. Por su parte, Enrique Ossorio, portavoz del
PP, lamentaba que esta comisión de investigación actuase “a golpe de noticia y
sin ninguna planificación”, ya que el funcionamiento habitual era estudiar el
asunto, que se solicitase la información precisa, se analizase y pidiesen venir
otros comparecientes, “no precisamente la cabeza de la Comunidad”.
Miembros del Gobierno regional madrileño forman un pasillo y aplauden a la presidenta, Crisitna Fuentes.
El PP puso la mano en el fuego
por Cifuentes antes de su comparecencia en la Asamblea el 2 de junio. La presidenta
del PP madrileño preparó sola su declaración, sin las injerencias de Génova. Estaba
convencida de que el informe de la UCO jamás se traduciría en una imputación.
El PP nacional destacó su apoyo “absoluto” a la presidenta y descartó que los
informes de la UCO pudieran llegar a convertirse en una imputación formal de un
tribunal. Cifuentes se justificó
alegando que no maniobró para dar prioridad al grupo Cantoblanco sino que,
simplemente, se limitó a apoyar la propuesta hecha por los técnicos de la
Cámara autonómica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, quien llegó
arropada de decenas de “amigos” y cargos públicos del PP, expresamente invitados
para la ocasión, defendió, en un tenso debate, que no hubo ninguna
irregularidad en la contratación que adjudicó a Arturo Fernández la cafetería
de la Asamblea. Cristina Cifuentes compareció ante la comisión de investigación
para explicar las presuntas irregularidades del contrato que adjudicó a Arturo
Fernández la cafetería de dicha institución. Y fue cuestionada en una densa
sesión en la que la oposición consiguió sacarla de sus casillas. La presidenta
madrileña acusó a Ramón Espinar y a César Zafra, de Podemos y Ciudadanos, de tener motivos electoralistas en
su insistencia para que compareciera. Comparó su situación con la época de la
Inquisición y criticó el “linchamiento” al que dijo estar sometida, con único
fin, de “arañar votos” y de ligar a ella misma y a su Gobierno con la
corrupción. “Siempre he actuado con honestidad e integridad”, se defendió una y
otra vez. PSOE, Podemos y hasta sus socios de Ciudadanos le preguntaron una y
otra vez sobre quién decidió que ella formara parte también del Comité de
Expertos, sobre si conocía que hubiera algún cambio en los criterios de
contratación, sobre los responsables de la elaboración de los pliegos, sobre la
incompatibilidad de los cargos, y sobre las presuntas presiones para que Arturo
Fernández saliera ganador. Ella insistió en que se fió de la palabra de los
técnicos y que no cometió ninguna irregularidad. “Cometí el pecado de no
valorar, di por bueno el criterio del técnico –confesó–. Escuché el criterio
del técnico y le di mi visto bueno. No valoré, di por bueno lo que dijeron los técnicos,
como siempre he hecho. Reconoció que era posible que se hubieran cometido
errores. Y volvió a arremeter contra la UCO. “Está equivocada en muchas cosas”,
sentenció. Insistió en que “el informe de la UCO tiene errores e
incorrecciones”. Reconoció que era posible que se hubieran cometido errores que
entrarían dentro del “ámbito contencioso-administrativo y no penal” en la elaboración
de los pliegos. Y acusó a quienes “pretenden convertir esto en un paseíllo para
hacerme un juicio paralelo. Algunos han querido convertirse en Torquemadas
fallidos y han hecho conjeturas frente a hechos. Han querido manchar mi
trayectoria con la corrupción, pero no lo han conseguido”.
Cifuentes se enfrenta, en un tenso debate, con las preguntas que le hacen.
Cifuentes protagonizó varios
momentos de tensión al enzarzarse, especialmente, con los portavoces de Podemos
y Ciudadanos, Ramón Espinar y César Zafra, respectivamente, aunque también con
la diputada socialista, Encarnación Moya. Dijo que “todo es un relato de
ficción” Que “se usa la corrupción para perjudicarme”. Sostuvo que poder estar
implicada en la adjudicación irregular de contratos en la cafetería de la
Asamblea de Madrid era contar un cuento. “Todo es un relato de ficción que no
tiene que ver con la realidad y en el que se quiere llegar a una conclusión:
que la presidenta de la Comunidad de Madrid está relacionada con un asunto de
corrupción. Para llegar a esa conclusión, se ha creado todo un relato
paralelo”. Cifuentes mantuvo que se estaba usando “la corrupción para
perjudicar políticamente a los adversarios”. Y se defendió: “Si algo ha quedado
demostrado en estos 22 meses de gobierno que tengo el honor de presidir es que he combatido
la corrupción”. En un momento de su intervención, Cifuentes declaró: “Viva la
Guardia Civil, que siempre he defendido”. Ramón Espinar, portavoz de Podemos,
la acusó de defender a la Guardia Civil sólo cuando le convenía, porque cuando
era la UCO quien pedía que se la investigase, todo cambiaba. Cifuentes le
contestó: “A lo mejor fui elegida “porque comía todos los días en las
Asamblea”. Al ser preguntada por los motivos que le dieron para elegirla a ella
y no a otra persona, detalló que “no lo pregunté”. Por otra parte, respecto al
informe de la UCO, la presidenta expresó
desde siempre su máximo respeto por la Guardia Civil y destacó que, para
demostrarlo, traía puesta con mucho orgullo una insignia de la Guardia Civil.
Ramón Espinar le recriminó que su Grupo pasaba de gritar “Viva la Guardia
Civil, a decir ¡Cuidado! que viene la Guardia Civil”.
“Cuando
Cristina Cifuentes se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid
–escribe Javier Nix Calderón en LQSomos, bajo el título ‘Cristina Cifuentes o
el rock de la corrupción’–, pareció que olvidábamos quién era esa mujer de
melena rubia, mirada astuta y apariencia moderna que nos pedía su voto, allá en
mayo de 2015, desde los cárteles y marquesinas de Madrid. El PP realizó una
extraordinaria campaña de marketing político para adecentar la imagen de una
candidata que, unos años atrás, había escrito una de las páginas más negras de
la historia de nuestra comunidad. El PP habló de regeneración en sus filas, de
relevo generacional, de cambio de actitud, de nuevo proyecto político. Cristina
Cifuentes se convirtió en pocos meses en la candidata del cambio en un partido
instalado en el inmovilismo político, que ha hecho de la inacción su
herramienta de gobierno. Nos vendieron la imagen de una mujer moderna, con
ideas frescas, más mesurada y ecuánime, con predisposición al diálogo y al
pacto. Una mujer fuerte, independiente, que circulaba en moto por Madrid, con
tatuajes (hasta cinco, según ella confesó). Una mujer que sobrevivió a un grave
accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por el Paseo de la Castellana
(sin ITV y por un carril prohibido). Una mujer que copó portadas de revistas de
moda y tendencias, que hacía gala de un ‘espíritu rockero’, que llegó a
definirse como ‘agnóstica, republicana y defensora del matrimonio homosexual’.
Quizás Cristina Cifuentes representa mejor que ninguna otra la esquizofrenia de
un PP capaz de sacrificar sus más rancios valores con tal de mantener el poder.
O quizás es la introductora de ese nihilismo neoliberal que el PP ha comenzado
a mostrar en los últimos años… Cristina Cifuentes era la Delegada del Gobierno
en Madrid durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid durante el
verano de 2012. Fue la responsable última de la brutal carga policial en la
manifestación del 25-S. Yo estaba allí. Observé a los antidisturbios cargar y
emplearse con más brutalidad de la que nunca había visto antes. Para quien no
lo recuerde, los vídeos de aquel día se encuentran en YouTube. Antes de
comenzar la carga, un grupo de encapuchados se situó ante los antidisturbios y comenzaron
a golpearlos con unos sospechosos banderines rojos. Según se supo después, era
la señal para el comienzo de la carga. Se dijo, y creó en esta teoría, que eran
infiltrados de la policía cuya labor era reventar la concentración para
provocar la carga de la UIP (Unidad de Intervención Policial). Quien haya
acudido a una manifestación, sabrá que las banderas rojas de plástico barato no
suelen abundar, y que son otros los símbolos que los grupos llamados
antisistema utilizan. Tras esto se desató el caos. Los antidisturbios,
enfurecidos, cargaron por todo el Paseo del Prado. Aquella noche nos dejó
imágenes memorables, como la del camarero que se situó ante la puerta de su
negocio extendiendo los brazos, impidiendo que los policías entraran en su
local. En su frenesí, los antidisturbios llegaron hasta la estación de Atocha,
entrando hasta los andenes y golpeando a todos los que encontraron a su paso:
viajeros, personas en silla de ruedas, simples paseantes. Llegaron a intimidar
a periodistas, exigiéndoles que entregaran los rollos de película e incluso
destruyeron partes de las cámaras fotográficas”.
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en una
imagen de archivo.
“Tras conocerse los informes de
la Guardia Civil que implican a Cristina Cifuentes en una presunta
prevaricación por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a
Arturo Fernández, donante pero sobre todo tomante del PP, y, por tanto, en la
financiación ilegal del partido, la presidenta regional defendió su inocencia, sugirió
que era víctima del fuego amigo por su intransigencia con la corrupción y
sentenció que estaba muy mayor para creer en casualidades”. Así comienza el
artículo ‘Cifuentes y las casualidades’, firmado por Juan Carlos Escudier y
emitido en Publico el 18 de mayo. “Con
su negación del azar –que Paul Auster le perdone–, Cifuentes ha empezado a
caminar en un terreno muy resbaladizo donde es fácil que se estampe ella y su
vestido blanco. Sostener que las casualidades no existen sino que son causas
ignoradas de un efecto desconocido es un peligroso argumento para quien
defiende también que en 26 años de carrera política vinculada al PP de Madrid
jamás fue consciente de lo que se cocinaba en aquel cocedero de enjuagues y de
marisco. Sería demasiada casualidad o supina ignorancia. Aceptemos que no puede
ser casual que el mismo día en el que se levanta el secreto sumarial sobre los
19 tomos del ‘caso Lezo’ lo primero en ser revelado sean los informes de la UCO
que inculpan a Cifuentes, paladín hasta ese momento de la lucha contra la
corrupción de sus excompañeros de filas. Y que, en la medida en que ni el juez
ni la Fiscalía Anticorrupción hayan actuado contra ella, cabe suponer que hay
quien intenta cobrarse venganza sin dar tiempo al plato para que se enfríe. Siguiendo
esa lógica, no parece una casualidad que un empresario que dona una importante
cantidad a Fundescam –la caja desde la que se pagaban ilegalmente los gastos
electorales del partido y entidad de la que Cifuentes era patrona además de
integrante del comité de campaña del PP– se adjudique luego los contratos de
restauración de la Asamblea de Madrid, en un concurso en el que Cifuentes
presidió a un tiempo la comisión de expertos que hizo las valoraciones y la
mesa de contratación, una incompatibilidad manifiesta de la que debió haber
alertado e informado la secretaria general de la Asamblea. Súmese a ello las
irregularidades detectadas en el concurso, desde el reparto arbitrario de
puntos a la exclusión indebida de algunas empresas, para obtener la misma
conclusión que la Guardia Civil: el contrato estaba amañado y la adjudicación decidida
de antemano”.
Gumersindo Lafuente escribe en Eldiario.es sobre ‘La gran mentira
de Cristina Cifuentes’: “La vida política de Cristina Cifuentes es larga, muy
larga. Han sido muchos años de trabajo y responsabilidades. De servicios a los
ciudadanos y a su partido. De ir de lista o hacerse la rubia, según convenía en
cada momento. Puede que al principio ni siquiera sus propios compañeros la
tomasen en serio, como se afirma en algún
perfil que hemos podido leer hace unas semanas. Pero su cabeza, sin duda,
albergó siempre una ambición, un afán por llegar a lo más alto… En sus seis
legislaturas como parlamentaria, desempeñó más de una decena de cargos, entre
ellos, los de vicepresidenta primera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario
Popular y portavoz de comisiones como Presidencia, Justicia e Interior;
Educación, Vigilancia de las Contrataciones, Cultura y Control del Ente Público
Radio Televisión Madrid. Además de estar en el partido y en Fundescam y en el
Canal y en Caja Madrid. Como ven anduvo presente en todos los escenarios del
crimen, en todos aquellos lugares en los que el PP madrileño, si nos fiamos de
la Policía, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales, iba vendiendo favores
a cambio de millones de euros. Uno para el partido, dos para mí, otro para el
partido, tres para mí... Con González en la cárcel y Aguirre en capilla,
Cifuentes debió pensar que el momento de dar el último salto estaba cerca. Ya
se prodigaba en los medios y aparecía en las quinielas para ‘heredar’ a Rajoy,
pero aceleró su presencia. Y en esto llegó
el informe de la UCO para desbaratarlo todo… Y es que, después de tantos
años haciéndose ‘la rubia’, no debe extrañarle que ahora ya no nos creamos nada.
Por eso la gran pregunta hoy es: ¿qué es verdad y qué es mentira en Cristina
Cifuentes?
Jaime González Taboada toma posesión de su cargo
ante Cristina Cifuentes.
“Las grabaciones en el despacho
de Ignacio González –publicó el pasado miércoles ElPlural.com, bajo el nombre
M. P.– siguen dando sus frutos. El expresidente de la Comunidad de Madrid,
ahora en prisión, hablaba en su despacho sin ambages, y echando por tierra, a
sus antiguos compañeros, como Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, María Dolores de
Cospedal y su esposo o Alberto Ruiz-Gallardón. Pero esta vez le ha tocado a Cristina
Cifuentes, su principal rival y sucesora quien presume de haber iniciado la
investigación que ha dado con el expresidente en prisión. Y, de paso, a su
número tres y hombre de confianza, Jaime González Taboada, el actual consejero
de Medio Ambiente y coordinador general autonómico en el PP regional.
‘Cristina, ¿por qué tira de éste ahí y tal?’, le pregunta González a su hermano
Pablo, en una conversación interceptada por UCO, grabada en el despacho del
expresidente el 24 de noviembre y difundida por El Español. ‘Éste’ es Jaime
González Taboada. ‘Pues porque se llevaba bastante bien en otras cosas, porque,
como ella se encargaba de la coordinación en la campaña electoral de los
pueblos y quien daba dinero a los pueblos, era éste. Yo creo que ahí hicieron
sus chanchullos, señala González. Los supuestos ‘chanchullos’ a los que hacen
referencia se remontan a cuando Cifuentes era secretaria ejecutiva de política
territorial del PP en la Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y González Taboada
era director general de cooperación con la Administración Local de la Comunidad
de Madrid (de 2003 a 2015). González tampoco se fiaba de las cualidades de
Taboada para asumir una consejería. El nombre de González Taboada es recurrente
en las investigaciones que pesan sobre la Comunidad de Madrid, sobre todo,
desde que el socio de Francisco Granados, David Marjaliza, le acusara ante el
juez de liderar el ‘reparto’ de las obras públicas de la empresa madrileña
Arpegio en el Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este
proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras
en municipios madrileños, era planificado por Taboada”.
Ignacio Escolar describe en varios apartados los pasos dados
en este caso:
- La UCO acusa a la presidenta de
Madrid de dos delitos muy graves: prevaricación continuada y cohecho. No hay
todavía una imputación en firme, y aún no es seguro que eso vaya a suceder.
Cristina Cifuentes es aforada, solo la puede imputar el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y antes lo debería pedir la Audiencia Nacional. Pero el
informe de la UCO sí aporta datos muy graves contra Cifuentes y la implica en
la financiación ilegal del PP: una maquinaria electoral que hizo trampas en todas las campañas que ganó y
que, según la Guardia Civil, atentó contra “el pluralismo político”.
- Cristina Cifuentes formó parte
del patronato de Fundescam, la fundación opaca del PP de Madrid que durante
años ejerció como base de operaciones de la financiación ilegal del partido. A
través de Fundescam, el PP recaudaba dinero de empresarios amigos: unos
donativos ilegales, porque los donantes contrataban con la administración y no
podían aportar fondos al partido. Después el PP empleaba ese dinero en sus
campañas electorales, manipulando las facturas para esconder su verdadero
destino y ocultando esos gastos ante el Tribunal de Cuentas. En varias de las
elecciones, gracias a estas trampas, la candidatura de Esperanza Aguirre gastó
más del doble del dinero que declaró.
- Cristina Cifuentes también fue
vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en los años en los que uno de los
donantes de esta fundación se llevó varios contratos públicos del parlamento
madrileño.
- Hay serios indicios de que
aquella adjudicación a Arturo Fernández “estaba decidida de antemano”, asegura
la Guardia Civil, que implica a Cifuentes en esa presunta prevaricación para
favorecer al donante de Fundescam. La UCO, en tres informes distintos, detalla
hasta seis irregularidades en ese concurso en el que participó directamente la
hoy presidenta de la Comunidad de Madrid: los criterios de valoración fueron
“contrarios a derecho”, hubo “arbitrariedad” en el reparto de puntos, se
“excluyó” a otras empresas indebidamente... Además, Cristina Cifuentes estuvo
al mismo tiempo en dos sitios incompatibles entre sí. Según la Guardia Civil, compaginar
estos dos puestos es “contrario a la legalidad” y “vulnera la imparcialidad”
del concurso.
“Que no os engañen. Todo el mundo sabe de mi respeto y cariño por la Guardia
Civil y la Policía” (Cifuentes)
- A pesar de estos informes de la
Guardia Civil, que recogen también las declaraciones del resto de las personas
no aforadas que participaron en esa adjudicación, el juez Eloy Velasco, que
lleva el caso Púnica, descarta pedir al Tribunal Superior de Madrid la imputación
de Cristina Cifuentes. La opinión de Velasco es relevante, pero no salva del
todo a la presidenta de Madrid porque el juez dejará el central de instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional en cuestión de semanas.
- Eloy Velasco no se va “a tomar
por culo a Onteniente”, como quería Ignacio González. Pero, casi con seguridad
–así lo cree el propio juez–, Velasco se irá del juzgado que lleva Púnica y
Lezo por un puente de plata: un ascenso y mejor sueldo a la nueva Sala de
Apelaciones de la Audiencia Nacional. Elisa Beni explica muy bien qué es esta
nueva sala de apelaciones para gobernarlos a todos y por qué tenemos que
temernos lo peor.
- Las fiscales del caso Púnica
son Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez. Las dos han tenido ya serios
enfrentamientos con sus superiores cuando han intentado actuar contra un
dirigente importante del PP. Fueron ellas quienes pidieron imputar en la Púnica
al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez; sus jefes no les dejaron y
ellas se negaron a firmar. Y García Cerdá también está en el caso Lezo: es una
de los dos fiscales a los que Manuel Moix intentó parar algunos de los
registros de esta operación que afectaba a la gestión del Canal de Isabel II en
los años de Alberto Ruiz-Gallardón.
- La presidenta que ha hecho
bandera de la lucha contra la corrupción no puede despejar este asunto acusando
a la Guardia Civil de participar en una operación política en su contra. La
máxima exigencia obliga siempre a la máxima ejemplaridad.
Iniciamos esta sesión de fotomontajes
con una instantánea de Manuel Moix, el Fiscal Anticorrupción que el pasado
jueves dimitía:
TREMENDING
TOPIC | “Manuel Moix dimite. Suena Bertín Osborne”.
—Ha dimitido el
fiscal jefe anticorrupción Moix
—¿Dimitir? ¿Que es dimitir?
—Ni idea
—Márcalo como spam.
No lo sabía...
No me consta...
Esas cosas las llevaban mis hermanos…
(protestona1)
— Mariano, hay que
buscarle un curro a Manuel Moix
— El tipo se maneja bien en los paraísos fiscales, igual lo
coloco en el Banco Mundial
(Fairlane4)
El Presidente de España, que
hasta ahora había vivido en el interior de los televisores del país, ha sido
citado por la Audiencia Nacional como testigo del llamado caso Gürtel.
Según El Jueves, el Presidente
del Gobierno ha sido forzado a abandonar su anterior forma de vida en estado de
plasma y rematerializarse en carne.
Muchas familias de derechas han
vivido la imagen pesadillesca de Rajoy, abandonando la tele como si recibieran
el primer rayo de Sol después del invierno, con un estallido de júbilo.
El humor en la prensa de esta
semana: El roto, Forges, Peridis, Vergara, Manel F., J. R. Mora, Pat, Atxe,
Dani Gove…
Pep Roig, desde Mallorca: No va más,
Fiscalía antichismes, Bajo control, En otras palabras, Fugaz, En las cloacas, A la orden de la superioridad...
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